En los últimos años hemos asistido en nuestro país a un aumento de la preocupación así como a una importante movilización social por la precarización en las condiciones de vida vinculadas a la vivienda. El número de familias en riesgo de exclusión habitacional por hallarse afectadas por procesos de desahucio ha ido en aumento, al igual que la pobreza energética en los hogares, entendida esta última como “la dificultad de mantener un hogar a una temperatura confortable y asumir los requerimientos de consumo de energía a un coste razonable” 1 .
Por situarnos a partir de los últimos datos disponibles, ahora que en algunos foros ya se habla de la crisis en pasado, en nuestro país el 19,5% de los hombres y el 22,8% de las mujeres están en situación de desempleo 2, y el 28,6% están en riesgo de pobreza o exclusión social (el 33,4% de los y las menores de 16 años) 3. Solamente en el primer trimestre de 2016 se han iniciado en España un total de 6.118 certificaciones por ejecución hipotecaria de viviendas habituales de personas físicas 4. El 11% de los hogares españoles ha expresado su incapacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada en la estación fría y el 9,4% de los hogares ha tenido retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad…) 5. Si bien parece que las ejecuciones hipotecarias han descendido levemente, y estén mejorado algunos indicadores socioeconómicos respecto a los últimos años, no parece que las condiciones de vida y trabajo estén mejorando para el conjunto de la población, ya que la desigualdad en nuestro país ha ido en aumento desde el año 2008, tal y como nos muestra el índice Gini para el año 2015 6.
Los procesos de desahucio y la pobreza energética afectan a la salud de las personas. Los estudios realizados recientemente en nuestro país han puesto de manifiesto una peor salud general percibida, y sobre todo un deterioro importante en la salud mental en las personas afectadas por un proceso de desahucio, agravado además según se va avanzando en el proceso. También se ha observado un mayor riesgo de experimentar problemas cardiovasculares y otras enfermedades crónicas 7-15. En relación a la pobreza energética, si bien apenas existen estudios en nuestro país, la evidencia disponible indica principalmente impactos sobre patologías respiratoria y cardiovascular, así como el agravamiento de artritis, y reumatismos, entre otras enfermedades 16,17. Estos impactos pueden ser directos (exceso de mortalidad invernal, patología respiratoria en la infancia, salud mental y exacerbación de patologías como resfriados y gripes, y artritis) o indirectos (problemas mentales y educacionales en la infancia, empobrecimiento de la dieta y aumento de accidentes domésticos por instalaciones de mayor riesgo) 18-20. Recientemente, un señor mayor (al cual le habían cortado la luz) me contaba que estaba harto de comprar bolsas de hielo para mantener fresca la medicación de su esposa… y esto era en el mes de mayo en Granada. No deberíamos permitir este tipo de situaciones.
En este escenario, las políticas se constituyen como actores clave. Recientemente ha sido anunciado que el Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado una proposición no de ley para la creación de un protocolo de atención psicosocial a las personas afectadas por un proceso de desahucio. Esta propuesta es una señal del aumento de la sensibilidad y el reconocimiento -por parte de diversos grupos políticos- del sufrimiento y del impacto en la salud de las personas afectadas por un proceso de desahucio. Resulta clave, además, la coordinación y el trabajo conjunto entre salud, servicios sociales, corporaciones locales y otros sectores para su abordaje. Es importante avanzar en la misma línea, “rio arriba”, con el diseño y puesta en marcha de políticas y leyes que protejan a la ciudadanía para evitar estas situaciones. Un buen ejemplo de ello es la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética impulsada por iniciativa popular en Cataluña. La ley está pendiente de reglamento que lo desarrolle y, desde hace unos meses, se encuentra bajo suspensión cautelar de su vigencia, por la interposición de recurso de inconstitucionalidad sobre algunos de sus preceptos, por parte del Consejo de Ministros. Pese a todas estas dificultades, es indudable que el camino se está trazando y que la mejora de las condiciones de vida y de trabajo que impactan en la salud de la ciudadanía pasa por la legislación y la puesta en marcha de políticas sanitarias, sociales y económicas.
Julia Bolívar Muñoz
Área de Salud Pública. Escuela Andaluza de Salud Pública
SASPAS/HIPATIA
Referencias
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