En las últimas décadas hemos asistido a una evolución asimétrica de la bioética occidental. Mientras sus aspectos teóricos y metodológicos permanecían hasta cierto punto estables, han acontecido cambios significativos en al menos dos aspectos: el desarrollo de una ética específicamente enfocada a los retos cambiantes que suponen la investigación y la práctica médica, y un interés creciente por la implementación de los derechos humanos en las legislaciones nacionales.
En cuanto al segundo aspecto, una de las categorías éticas que había sido menos desarrollada es la de responsabilidad. La responsabilidad no tiene únicamente que ver con afrontar las consecuencias de las acciones u omisiones, sino también con hacerse cargo de lo que implica haber optado por un determinado valor y por tanto de velar por su promoción. En este sentido, quizá deberíamos cuestionarnos más a menudo, tanto individual como colectivamente, si estamos o no contribuyendo de modo activo a un mundo más justo, en el que exista más solidaridad o una mayor protección de la salud y la vida de las personas.
Mientras que las distintas legislaciones occidentales se esfuerzan en definir los derechos humanos en base a los principios de autonomía, consentimiento informado y derecho a la información, se han descuidado de modo notable los aspectos interpersonales y comunitarios, que son sin embargo vitales en otras culturas.
En lo que sí aparentaba ser un rumbo correcto, Europa había incorporado al «estado de bienestar», los conceptos de responsabilidad y solidaridad estatal, eso sí, dirigidos en particular a la protección de poblaciones vulnerables. El concepto de responsabilidad de estado se encuentra de hecho ya presente en la normativa comunitaria, donde es cada vez más común la intervención social en la esfera personal. Por desgracia, recientes acontecimientos han mostrado que los arriba citados principios eran más frágiles de lo que se suponía y extremadamente vulnerables al afloramiento de un fondo latente de individualismo y xenofobia, acerca del que ingenuamente pensábamos que la historia había logrado superar.
Un camino diferente habían encontrado estos aspectos en los Estados Unidos y Canadá. En dichos países, las estructuras que soportan la bioética, incluyendo los comités asesores, los organismos que supervisan la investigación biomédica, y las agencias que financian la investigación bioética, se han desarrollado en un clima cultural impregnado de autonomía e individualismo, y en la creencia de que la mejor manera de alcanzar el bienestar social es favoreciendo que los individuos se las arreglen como puedan para satisfacer sus propios intereses o necesidades.
Sería lamentable que ideas análogas de egoísmo e individualismo a ultranza estuviesen calando en la cultura de los países de Europa. Ello supondría un grave retroceso de consecuencias difíciles de prever. Las leyes no pueden basarse en relaciones contractuales entre sujetos legales, sino que deben apoyarse sobre unos cimientos de solidaridad social y responsabilidad colectiva. En el estado de bienestar que pretendemos alcanzar, los principios éticos de beneficencia, no maleficencia y justicia deben subyacer a cualquier iniciativa política o normativa. Es legítimo que se respete la autonomía individual pero, al mismo tiempo, tal como sugieren los restantes tres principios, la sociedad tiene la responsabilidad colectiva de imponer ciertos límites a dicha autonomía, con el fin de mantener el bien primario, que no es otro que la protección integral del ser humano.
Javier Arias Díaz. Catedrático de Cirugía. Universidad Complutense de Madrid