Sabemos que “…la obesidad y el sobrepeso son perjudiciales para la salud, tanto por sí misma, como por ser factores predisponentes para otras enfermedades crónicas, y por acortar la esperanza de vida…” (1). Además, tenemos constancia de que “…la obesidad constituye la tercera mayor carga de enfermedad que la humanidad se auto-infringe tras el tabaquismo, la violencia armada y la guerra…” (2).
Disponemos de evidencias que permiten asegurar que en el origen del sobrepeso y la obesidad acontecen una combinación de diferentes factores y que la lucha contra el sobrepeso y la obesidad requiere del desarrollo de estrategias que incluyan un amplio conjunto de acciones políticas, que aborden de forma integral y desde una perspectiva social no solo al individuo, sino a su entorno. Porque sólo de este modo, podremos conseguir una rebaja de la prevalencia de estos importantes problemas de Salud Pública.
El Proyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada (3) que actualmente está tramitándose en el Parlamento Andaluz incorpora la perspectiva de Salud en todas las Políticas e incluye un amplio conjunto de acciones políticas priorizando aquellas que abordan el problema de forma integral con perspectiva social. Desde la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración Sanitaria hemos analizado su contenido y lo hemos apoyado, dado que consideramos que está motivado, que es necesario y que sus acciones son pertinentes. Nuestro apoyo ha sido activo. Por ello hemos querido contribuir a su mejora, sometiendo a la consideración de los grupos políticos que forman parte de la Comisión de Salud del Parlamento Andaluz un conjunto de ideas destinadas a
Preservar un entorno escolar favorable que contribuya a mejorar los hábitos alimenticios de los niños y niñas, invitando a asumir el compromiso de ampliar progresivamente la red de comedores escolares, con el objetivo de que la oferta de comedores dé servicios a toda la población andaluza que cursa la educación obligatoria.
Proteger a los centros docentes, sanitarios y a la totalidad de los centros dependiente de la administración pública de Andalucía de la publicidad de la venta de los alimentos con un alto contenido calórico proveniente de azúcares o grasas y con bajo valor nutricional, evitando que en estos centros públicos se desarrollen estrategias de promoción comercial y la venta de alimentos y bebidas, que no estén de acuerdo con los criterios nutricionales establecidos en la futura ley.
Incluir en los pliegos de prescripciones técnicas de las licitaciones de concesiones de los servicios de restauración de las Administraciones Públicas en Andalucía, los requisitos para menús y dietas saludables propuestos en la futura ley, de acuerdo con los criterios nutricionales que en ellas se establezcan.
Limitar la promoción, organización y celebración de retos y/o competiciones relacionadas con la ingesta de grandes cantidades de alimentos o bebidas en el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza. Y abogar por que se prohíba expresamente la participación de menores en estas actividades.
Proponer que sean las entidades responsables del abastecimiento de agua en Andalucía las que asuman la responsabilidad de dotar y mantener una red de fuentes de agua potable en los espacios públicos.
Prever que reglamentariamente se establezcan los criterios que se deben contemplar para planificar el desarrollo de una red de fuentes de agua potable y de una red de aparcamientos acondicionados para bicicletas en los espacios públicos, centros educativos, lugares de esparcimiento, ocio, zonas de deporte y recreativas, zonas turísticas y centros de trabajos de Andalucía.
Valorar positivamente que se plantee la opción de recomendar o prescribir actividad física por parte de los profesionales de salud de los centros de atención sanitaria. Y destacar el importante papel que en la promoción de la Salud deben desarrollar los actuales equipos de Profesionales de Atención Primaria de la Salud.
Respaldar la generación y el desarrollo de los Activos de Salud en la Comunidad Autónoma Andaluza y su puesta a disposición de la sociedad andaluza, en coordinación con otras Consejerías, Ayuntamientos y Diputaciones. Impulsando la catalogación, identificación y mapeo de los activos y recursos sociales que sean útiles para poder promocionar la salud alimentaria y la actividad física. Así como, desarrollando las herramientas informatizadas necesarias para facilitar las recomendaciones o prescripciones de activos o recursos comunitarios por parte de los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Considerar muy relevante y de gran ayuda para establecer las prioridades de intervenciones, la incorporación en el Sistema de Información de Vigilancia en Salud de Andalucía de aquellas variables que permitan analizar el sobrepeso y la obesidad. Y compartir la necesidad de crear el Sistema de Información de la Calidad Nutricional de los Alimentos en Andalucía, este sistema de información será una pieza clave para facilitar el conocimiento sobre la calidad nutricional de los alimentos.
Apoyar la iniciativa de establecer Cartas de Compromiso para la prevención del sobrepeso y la obesidad entre la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía y otras entidades públicas y privadas interesadas en el fomento de una alimentación saludable y equilibrada y en la prevención del sobrepeso y la obesidad.
Estimar de interés introducir incentivos y ayudas públicas dirigidas a las empresas productoras y distribuidoras de alimentos que promuevan mejoras en la formulación, la composición o la presentación de alimentos más saludables.
Incluir un impuesto específico, de carácter sanitario, que actúe como barrera para el consumo de bebidas azucaradas e incentive un cambio en los hábitos de consumo. Dado “…el potencial que este tipo de impuesto tiene para reducir enfermedades no transmisibles y riesgos a través de la reducción del consumo, al ser alta la elasticidad del precio de estas bebidas…” (4).
En relación con esta última hemos querido recordar lo siguiente:
En el año 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una Nota informativa (5) en la que comunicaba que existen evidencias de que las niñas y niños con los niveles más altos de consumo de bebidas azucaradas tienen más probabilidades de padecer sobrepeso u obesidad que aquellas y aquellos que presentan un bajo nivel de consumo de este tipo de bebidas.
En el año 2016 la OMS recomendó, a través del informe «Las políticas fiscales para la dieta y la Prevención de Enfermedades no Transmisibles” (6), aumentar en un 20 por ciento los impuestos sobre las bebidas azucaradas para reducir su consumo y, por ende, disminuir el riesgo de obesidad.
La utilización de un impuesto especial de carácter sanitario destinado a servir de barrera para el consumo de bebidas azucaradas se ha llevado a cabo en cerca de 20 países y en algunas ciudades de EEUU. Destacan (en orden cronológico de adopción): Finlandia, Hungría, Francia, México, Berkeley (EEUU), Chile, Filadelfia (EEUU), Bélgica, y más recientemente Sudáfrica e Irlanda. En diciembre de 2016 el Gobierno de España anunció la aprobación de un proyecto de ley que establecería un impuesto sobre bebidas carbonatadas y azucaradas, aunque finalmente no lo llevó a cabo (7). En mayo de 2017 un impuesto de estas características se implantó en Cataluña (8).
Actualmente existen evidencias científicas sobre la eficacia de la barrera impositiva en la reducción del consumo. Así lo demuestran estudios que se han desarrollado en estos dos últimos años en México, Berkeley, Filadelfia (9).
Recientemente en abril del 2018 se ha publicado el trabajo titulado “Impacto del impuesto de bebidas azucaradas sobre el consumo de estas bebidas en Cataluña” (10). Este trabajo aporta aún más evidencia a la relación directa que existe entre el aumento de precios y la reducción de la ingesta de bebidas azucaradas, informa del desplazamiento del consumo que se provoca hacia bebidas zero/ligth y agua. Además, señala que la barrera impositiva aumenta la sensibilización en la ciudadanía sobre los riesgos del consumo de las bebidas azucaradas.
Y hemos matizado nuestra propuesta para mejorar a mejorar su eficacia, solicitando que la implantación del impuesto específico que proponemos esté dotado de los siguientes atributos:
Debe repercutir directamente y en su totalidad sobre los consumidores que adquiere bebidas con niveles altos de azúcar, con el fin de reorientar el consumo hacia la opción de bebidas no perjudiciales para la Salud.
Su gravamen es conveniente que esté relacionado y modulado con el nivel de azúcar que contenga la bebida azucarada, de este modo se visualizará que el impuesto afectará más a quien decide consumir una bebida con mayor porcentaje de azúcar.
La finalidad debe estar claramente relacionada con la de promoción de la Salud Pública. Para ello proponemos que el volumen de ingresos que se obtengan a través del impuesto especial sobre bebidas azucaradas sirva para apoyar el desarrollo de los planes, programas y acciones para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada y para luchar contra las enfermedades asociadas con el sobrepeso y la obesidad.
Mariano Flores Caballero
Presidente de la Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración Sanitaria
SASPAS – HIPATIA