La actual sindemia por COVID-19 está destapando las desigualdades sociales en salud estructurales en nuestra sociedad. Tanto a nivel nacional, como internacional, pues en muchos casos el problema de fondo está en el propio sistema socioeconómico adoptado en la mayoría de países occidentales. La situación en los países en vías de desarrollo, se anticipa peor todavía. Un colectivo especialmente sensible a las desigualdades es el de las trabajadoras agrícolas temporeras inmigrantes, con o sin contrato en origen. La fuente de su potencial para padecer desigualdades es múltiple al ser trabajadoras poco cualificadas, inmigrantes, y mujeres. En el caso de las trabajadoras temporeras con contrato en origen en Huelva para la recolección de la fresa además hay que sumar un nivel de estudios bajo, y factores reproductivos puesto que las autoridades marroquíes decidieron priorizar a mujeres casadas (de entre 18 y 45 años) con hijos pequeños menores de 14 años a la hora de asignar contratos. Criterio para lo que no se han recibido quejas por el lado empresarial español afectado. Dichos factores multiplican su efecto pernicioso en lugar de sumarse.
En el caso de Huelva, según relatan las participantes del estudio promovido por ‘Mujeres 24H’ liderado por la Dra Àngels Escrivà de la Universidad de Huelva, y recientemente presentados en la XXXIX Reunión anual de la Sociedad Española de Epidemiología en la ciudad de León, las condiciones laborales de una proporción destacable de estas trabajadoras son malas en todas las dimensiones posibles. Estructuralmente reciben salarios bajos, trabajan jornadas largas, cuentan con equipos de trabajo inadecuados, se les ofrece residencia en lugares que no cumplen mínimos de calidad sanitaria, sin agua corriente, a veces envasada en contenedores o garrafas de productos fitosanitarios. Las que residen en edificaciones en las fincas lejos del pueblo deben caminar por la carretera tras la jornada laboral, a veces de noche, expuestas a atropellos o agresiones sexuales, o alternativamente deben pagar precios inflados por productos de primera necesidad que les venden ‘proveedores’ organizados localmente. A pesar de contar con tarjeta sanitaria (las que la llegan a tramitar), apenas hacen uso de ella por barreras idiomáticas y de apoyo local. Ambientalmente están expuestas a condiciones climáticas desfavorables dentro de los invernaderos, con presencia de productos fitosanitarios. Las tareas implican posturas incómodas (inclinación del tronco hacia delante 90 grados) prolongadas, a veces acompañadas de cargas físicas (cajas de fresas). Por último, organizativamente las trabajadoras suelen estar expuestas a capataces con pocos escrúpulos que intentan maximizar el rendimiento para contentar a patronos que mayoritariamente prefieren desentenderse de lo que pasa en los invernaderos mientras los resultados sean buenos. Capataces que en ocasiones ofrecen favores para paliar situaciones que ellos mismos provocan a cambio de contraprestaciones sexuales. El control de las temporeras que tienen sobre las tareas a realizar es casi nulo. Una característica relevante del estudio diseñado por la profesora Escrivà es que la selección de trabajadoras informantes se ha realizado de forma confidencial para los patronos y autoridades para, a diferencia de otros estudios, evitar testimonios ‘complacientes’.
Por otro lado, el ambiente social que ha rodeado a los trabajadores inmigrantes no parece muy integrador. Durante la pandemia por COVID-19 en Huelva han vuelto a producirse incendios de asentamientos chabolistas una vez finalizada la temporada de la fresa. En varias provincias españolas se ha acusado a los trabajadores inmigrantes agrícolas de ser una fuente de contagio por COVID-19. Ante las dificultades del Gobierno marroquí para la vuelta de estas trabajadoras a Marruecos durante la sindemia, la Consejería de Salud andaluza hizo pruebas PCR diarias previo a su embarque en el Puerto de Huelva hacia Tánger.
Las condiciones de trabajo del campo Onubense no atraen a los trabajadores locales, lo que empeora las tasas de desempleo de la zona. Son necesarios cambios estructurales que empoderen el trabajo en el campo español, mejorando las condiciones de trabajo, regulando los beneficios de los intermediarios y distribuidores para evitar que se mantenga un modelo obsoleto e injusto en el que los propietarios agrícolas intentan salvar los beneficios de sus explotaciones a base de abusar de los eslabone más débiles. Es importante una solución estructural, que debería venir de más investigación interdisciplinar en el tema para poder intervenir apoyados en la mejor evidencia científica.
Juan Alguacil Ojeda (alguacil@uhu.es)
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública
Universidad de Huelva