En 2021 Gaceta Sanitaria publicó los artículos “COVID-19 en migrantes y minorías étnicas” (Rodríguez-García-de-Cortázar et al., 2021) y “Percepción de los derechos de salud para la población migrante en Chile: análisis desde Twitter” (Chepo Chepo, 2021). Ambos son textos que, entre otros aspectos, abordan el acceso de la población migrante a los servicios de salud en sus países de acogida. En el caso del primer artículo, se señalan las implicancias de la situación migratoria irregular para el acceso a servicios sanitarios en el contexto de la pandemia y las consideraciones para tener en cuenta para facilitar este proceso. En el caso del segundo, se presentan las opiniones de ciudadanos chilenos respecto al acceso de la población migrante a los servicios de salud en Chile y a los alcances de ello en el sistema de salud.
Se trata pues de un tema vigente en Latinoamérica, principalmente debido a la migración de población venezolana. Este fenómeno sin precedentes en la región ha supuesto y supone retos para países como Colombia, Perú y Ecuador, que, de acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), son los tres países que más población venezolana migrante y refugiada han acogido hasta diciembre de 2021 (ver Gráfico N° 1).
Gráfico N° 1. Distribución de la población venezolana migrante y refugiada en países de Latinoamérica
Particularmente, en el caso peruano no se contaba ni con un marco normativo específico ni con los protocolos para atender las diversas necesidades en salud de tal magnitud de población migrante, la gran mayoría de ella con situación migratoria irregular. Para graficar mejor la situación, exploremos dos casos.
En el marco del estudio “Servicios de salud sexual y reproductiva eficientes y accesibles para mujeres y varones migrantes en el Perú”, que actualmente desarrolla la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se identificó que las gestantes de nacionalidad venezolana pueden acceder de manera gratuita a los servicios de salud públicos peruanos para sus controles prenatales, atención del parto y del puerperio. Ello se debe a una disposición del Seguro Integral de Salud (SIS), de acuerdo con la cual toda gestante que resida en territorio peruano, independientemente de su nacionalidad y su situación migratoria, puede afiliarse a este seguro subsidiado por el Estado, pero solo de manera temporal, hasta luego de 42 días de haber dado a luz. Si es que estas mujeres quisieran afiliarse de forma permanente, y así poder acceder gratuitamente a otros servicios de salud distintos a los materno-neonatales, deberían presentar su carnet de extranjería, documento con el que un importante porcentaje de la población venezolana no cuenta.
Por otro lado, el Plan Nacional Actualizado de Vacunación contra la COVID-19 del Ministerio de Salud contempla entre la población objetivo a los extranjeros residentes en el Perú, con la única condición de que estén registrados en la Superintendencia Nacional de Migraciones o en el Ministerio de Relaciones Exteriores, esto es, sin necesidad de que cuenten con el carnet de extranjería. Sin embargo, en diversas regiones del país se han reportado reclamos de ciudadanos venezolanos a los que no se les permitió vacunarse por no contar con el referido documento (Zapata et al., 2021).
Como podemos ver, se trata de acciones que, si bien tienen puntos por mejorar, han beneficiado a miles de venezolanas y venezolanos, y constituyen un importante avance en materia de derechos en salud de la población migrante y refugiada. Sin embargo, un aspecto que debemos señalar es que estas acciones responden a necesidades específicas.
Los artículos señalados inicialmente son una clara muestra del amplio espectro de problemas de salud que afectan a la población migrante. Por un lado, el artículo de Chepo Chepo explora el caso de un procedimiento quirúrgico complejo, como lo es un trasplante de hígado y, por otro lado, el texto de Rodríguez-García-de-Cortázar et al se ocupa del COVID-19, una enfermedad altamente contagiosa que ha afectado a millones de personas en el mundo.
En ese sentido, al menos en el caso peruano, un reto pendiente es investigar el abordaje desde las políticas públicas a otras condiciones de salud que afectan a migrantes y refugiados. De acuerdo con la “Encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país”, realizada en 2018 en 6 regiones del Perú, el 11% de las y los venezolanos tenía un problema de salud crónico por ese entonces (INEI, 2019). Por otro lado, un estudio realizado por el Centro de Investigación de la Universidad del Pacifico (CIUP) indica que para el 2019 “los y las migrantes venezolanas tienen una prevalencia elevada de depresión y ansiedad” (CIUP, 2020). Asimismo, se debe abordar el rol que juegan los organismos de cooperación internacional y de la articulación intergubernamental en esta respuesta, considerando las necesidades en salud de la población migrante y refugiada en los países de acogida, pero también durante su trayecto migratorio.
Leonardo Cortéz Farfán
Bach. en Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú). Asistente de investigación en CRONICAS Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Lima, Perú).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Chepo Chepo M. Percepción de los derechos de salud para la población migrante en Chile: Análisis desde Twitter. Gac Sanit. 2021;35:559564. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.08.005
Centro de Investigación Universidad del Pacífico (CIUP). Migración venezolana y salud mental. Hacia intervenciones para migrantes y comunidades de acogida. Lima: CIUP, 2020.
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Condiciones de vida de la población venezolana que reside en Perú. Resultados de la “Encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país”, ENPOVE 2018. Lima: INEI, 2019.
Rodríguez-García-de-Cortázar A, Leralta-Piñán O, Jiménez-Pernett J, et al. COVID-19 en migrantes y minorías étnicas. Gac Sanit. 2021;35:499-501. https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.06.002
Zapata R, Callapiña G, Salcedo JV, et al. Discriminación y requisitos no contemplados en la vacunación a migrantes en Perú. Ojo Público, 2021.