A menudo se identifica la SP con la sanidad financiada públicamente, lo cual es probablemente consecuencia de la espuria equivalencia entre salud y sanidad. Todo ello a pesar de que cada vez disponemos de más argumentos para reconocer la importancia de los denominados determinantes sociales de la salud, que depende, pues, de la influencia de muchos otros sectores de la sociedad y de las administraciones públicas, desde la educación hasta el trabajo, pasando por la urbanización, la movilidad y un largo etcétera.
De ahí que no nos podamos limitar a considerar SP solo a la parte del sistema sanitario que proporciona servicios colectivos de protección y promoción de la salud a las poblaciones. Una SP cuya naturaleza es originalmente gubernamental, que al incorporarse al sistema nacional de salud ha ido difuminando sus responsabilidades como elemento del aparato ejecutivo de las administraciones públicas, debido en parte a la disminución de sus funciones – particularmente sobre la salubridad medioambiental- y a la ampliación por parte de la sanidad asistencial de las actividades preventivas y de promoción de la salud, lo que ha facilitado su precarización que, dada la relativa infrecuencia de calamidades de carácter epidémico, todavía se ha acentuado si cabe. De manera que la función de aparato técnico de la autoridad política sanitaria queda distorsionada y difuminada. Aunque el fomento y el desarrollo de la iniciativa «Salud en todas las políticas» le vuelva a abrir dilatados escenarios.
De hecho, la definición de SP del Institute of Medicine (1988) considera que SP es lo que como sociedad -no sólo como sanidad- se hace para proteger y mejorar la salud de las poblaciones. Por lo que la SP incluye también las actividades de diversos sectores sociales, incluidos los servicios colectivos de promoción y protección de la salud citados, que son los que se acostumbran a reconocer como la Salud Pública en nuestro contexto. Servicios cuyas funciones incluyen la prevención y el control de los problemas de salud epidémicos.
En teoría, los recursos humanos, los equipamientos y las instalaciones de tales servicios deben ser capaces de afrontar los problemas epidémicos o, cuando menos, de liderar y dirigir los esfuerzos sanitarios y sociales que efectivamente, y lo más equitativa y eficientemente posible, limiten el impacto negativo de estos problemas. Sin embargo, y de acuerdo con el análisis de Julia González, de la comisión asesora sobre la COVID-19 de la OMC, durante la pandemia han quedado en evidencia las debilidades de esta SP que se pueden resumir en: falta de liderazgo; inadecuada comunicación con la ciudadanía; balance desproporcionado entre los beneficios esperables y los potenciales efectos adversos de las intervenciones sanitarias y focalización desequilibrada en la propagación y la atención a la infección.
La falta de liderazgo se ha manifestado tanto en el ámbito institucional, mediante una notoria descoordinación y la ausencia de una solidaridad interterritorial suficiente; en el ámbito científico-académico y en el ámbito social, en el que entre otras causas el intrusismo incompetente ha incrementado la pérdida de credibilidad y acentuado la, por otra parte, inevitable fatiga pandémica.
La comunicación con la ciudadanía – que resulta esencial en estas situaciones – no ha conseguido neutralizar el sensacionalismo y la confusión – lo que no es tarea fácil cuando predomina la incertidumbre – probablemente debido a la sobre exposición y al perfil inadecuado de la información oficial, junto al alud de datos de carácter preliminar y parcial, a menudo precipitados, y por ello de significado incierto. Deficiencias que el aprovechamiento partidista y el protagonismo desmedido de los medios de comunicación, más cerca del sensacionalismo que de la utilización pertinente, han influido en la distorsión de la percepción de la importancia del problema y de la necesidad de sopesar los beneficios esperables de las medidas adoptadas con los potenciales efectos adversos que, como son difícilmente evitables, demandan asumir riesgos y aceptar algunas pérdidas, de modo que el remedio no sea peor que la enfermedad.
Según el informe FOESSA del 2022, “la cohesión social en nuestro país ha sufrido un “shock” sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción del SARS CoV-2.” y “tres de cada diez familias se han visto obligadas a reducir los gastos habituales en alimentación, ropa y calzado”.
Sin olvidar que la focalización en la COVID-19 ha comportado relegar otros problemas importantes de salud – frente a los que disponemos de tratamientos eficaces -, ha incrementado algunos otros como el deterioro notable de la salud mental y, sobre todo, ha reventado las costuras de buena parte de la sanidad, ya muy tensionadas como ocurre con la Atención Primaria de Salud.
Las aportaciones citadas de Julia González tuvieron lugar durante la jornada que la OMC dedicó a recopilar las colaboraciones de los componentes de la comisión asesora, que la corporación médica tuvo la iniciativa de constituir, que abordaron los aspectos más relevantes del problema. Jornada coordinada por José R. Repullo – quien fue en su momento presidente de SESPAS – cuyas intervenciones pueden visualizarse en you tube (minuto 15).
Los enfoques poblacionales de la Salud Pública están lastrados por la miopía de futuro que sesga la percepción y valoración de los humanos; y también con una visión en túnel: sólo se observa lo que está delante: los efectos colaterales se desdibujan, y sólo lo más llamativo reclaman nuestra atención. Cuando los comunicadores sociales y los responsables políticos e institucionales comparten, o incluso amplifican estos sesgos, se debilita la racionalidad de la respuesta ante retos de salud y bienestar que tenemos delante.
La presentación de un problema importante de salud colectiva acostumbra a ser súbita e inesperada, lo que justifica la existencia de unos servicios de SP capaces de afrontarla. Servicios que como cualquiera otros requieren de una clara voluntad política que los haga posibles.
Pero no solo para que resulten competentes y solventes, es imprescindible que dispongan del mejor conocimiento posible sobre la dinámica de los problemas epidémicos y la influencia de los eventuales factores que favorezcan o dificulten una respuesta lo más adecuada posible. Algo que se consigue aprendiendo de los errores. Como plantea el encuentro que con el título de este post pretende celebrarse durante la próxima edición de la escuela de Menorca de verano de SP.
