Algunas reflexiones sobre Conflictos de Interés en Alimentación y Nutrición Humana

Blog de Invitados / Por / 13 abril, 2021 / , ,

Diego Gaitán-Charry1,2, Tania Cerón1, Alejandra Durán1, Sara Herrera1, Gustavo Cediel1,2

1Grupo de Estudio en Conflictos de Interés

2Unidad de Problemáticas de Interés en Nutrición Pública

Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad de Antioquia UdeA, Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia

 

Las OMS y la OPS alientan a los países a prevenir y manejar los conflictos de interés (COI) que puedan subyacer en la formulación de políticas públicas nutricionales (1,2). Lo anterior, se deriva de la necesidad de discernir cuáles son organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas verdaderamente independientes y distinguir, claramente, entre organizaciones no gubernamentales de interés comercial y organizaciones no gubernamentales de interés público (2). Derivado de lo anterior, se hace necesario identificar cuáles son los intereses en juego en los temas alimentarios y nutricionales, y cómo los actores privados ejercen influencia para favorecer sus intereses; en el cual resultan involucrados académicos e investigadores.

No es un secreto que uno de los principales intereses en juego, en temas de alimentación y nutrición, es el interés comercial que, en el caso de la industria productora de productos comestibles ultra procesados, se ve reflejado en los estimados de ventas en América Latina que, entre los años 2009 y 2014, crecieron un 8,3% , con la previsión de un aumento adicional del 9.2% para el 2019 (3); las fórmulas infantiles, en particular, alcanzaron los 70,6 billones millones de dólares a nivel global para el 2019 (4). De otro lado, es necesario reconocer que existe incidencia de actores privados (distintas empresas, grupos empresariales o corporaciones transnacionales) en las políticas públicas de salud (5), y que esta, en el campo alimentario y nutricional, se ejerce fundamentalmente a través de una Actividad Política Corporativa (APC) y sus cinco estrategias reconocidas: gestión de coaliciones, gestión de la información, implicación directa e influencia en la política, acciones legales y tácticas discursivas (6).

De las estrategias anteriormente mencionadas, la de gestión de la información está especialmente relacionada con los actores de la academia y la investigación y, por lo tanto, con los COI. Como es deseable, el conocimiento científico legitima la toma de decisiones en políticas públicas, sin embargo, la gestión de la información implica la producción de conocimiento científico que contradice evidencias que pueden poner en riesgo el interés primario de los actores económicos (la producción de capital). Dicha producción ha sido problémica, dado que se han evidenciado influencias indebidas de la industria para direccionar las investigaciones que atenten contra su interés primario (rentabilidad) y sesgar las conclusiones (7,8). Aun cuando no se ejerzan presiones francamente indebidas desde lo jurídico, es necesario debatir si la producción de las investigaciones financiadas por la industria genera un direccionamiento de las preguntas de investigación, por ejemplo, si se favorecen investigaciones que hablan sobre el efecto beneficioso de un nutriente particular o un alimento sobre la salud, por sobre investigaciones que lleven a evidenciar la necesidad de un sistema alimentario que promueva efectos favorables para la salud humana al tiempo de ser justo, equitativo y sustentable.  Es aquí donde se evidencia la importancia de la financiación pública de las investigaciones y de las Instituciones de Educación Superior; en estas últimas se promueve la deliberación crítica de los principales problemas que debe enfrentar una sociedad evitando el riesgo de sesgos que en ocasiones pueden ser inconscientes por gratitud o reciprocidad para con los entes privados que puedan llegar a aportar económicamente a dichas instituciones (9).

Dado lo anterior, es legítimo pensar que los COI son solo la punta del iceberg y que es necesario dar real importancia a la complejidad de la APC y su influencia en la toma de decisiones en políticas públicas alimentarias y nutricionales. Por lo tanto, no hay excusa para que los actores gubernamentales implementen regulaciones que eviten la participación de fiduciarios (entre los cuales pueden existir académicos e investigadores) en la formulación y evaluación de políticas públicas; cómo es contemplado por posturas jurídicas de los COI (10).

Finalmente, más allá de la evaluación de COI desde actores reguladores, es deber ético de los académicos, en especial de quienes se espera que su interés primario sea la salud de los ciudadanos, el asumir el peso de su responsabilidad de cara a asuntos públicos globales y cuestionar si los intereses económicos de la industria están en conflicto con los derechos humanos entre estos los derechos a la salud y a la alimentación; además de la soberanía de los pueblos para la producción de sus propios alimentos.

 

Bibliografía.

  1. World Health Organization. Safeguarding against possible conflicts of interest in nutrition programmes: Approach for the prevention and management of conflicts of interest in the policy development and implementation of nutrition programmes at country level [Internet]. World Health Organization. World Health Organization; 2018 [citado 30 de junio de 2020]. Disponible en: http://www.who.int/nutrition/consultation-doi/comments/en/
  2. World Health Organization. Addressing and managing conflicts of interest in the planning and delivery of nutrition programmes at country level: report of a technical consultation convened in Geneva, Switzerland, on 8–9 October 2015 [Internet]. 2016. Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/206554
  3. Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Alimentos ultraprocesados ganan más espacio en la mesa de las familias latinoamericanas [Internet]. paho.org. 2019 [citado 24 de mayo de 2020]. Disponible en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15530:ultra-processed-foods-gain-ground-among-latin-american-and-caribbean-families&Itemid=1926&lang=es
  4. Red Internacional de Grupos de pro Alimentación Infantil IBFAN. Lactancia Materna en Situaciones de Emergencia [Internet]. ibfan-alc.org. [citado 24 de mayo de 2020]. Disponible en: http://www.ibfan-alc.org/nuestro_trabajo/archivo/emergencias/lactancia_emergencia.htm
  5. Lee K, Smith J. The Role of the Business Sector in Global Health Politics. Oxford University Press; 2018. 385–408 p.
  6. Mialon M, Julia C, Hercberg S. The policy dystopia model adapted to the food industry: the example of the Nutri-Score saga in France. World Nutr. 2018;9(2):109–20.
  7. Kearns C, Glantz S, Schimidt L. Sugar Industry and Coronary Heart Disease Research: A Historical Analysis of Internal Industry Documents. JAMA Intern Med. 2016;176(11):1680–5.
  8. Lesser LI, Ebbeling CB, Goozner M, Wypij D, Ludwig DS. Relationship between funding source and conclusion among nutrition-related scientific articles. PLoS Med [Internet]. enero de 2007 [citado 30 de junio de 2020];4(1):0041–6. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17214504/
  9. Giraldo J. Dos tópicos eticopolíticos y otros afectos. Comisión Institucional de Ética, Universidad de Antioquia; 2015.
  10. Rodwin MA. Attempts to redefine conflicts of interest. Account Res [Internet]. 17 de febrero de 2018 [citado 30 de junio de 2020];25(2):67–78. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29172685/